¿Nueva ley de Coparticipación?

¿Nueva ley de Coparticipación?

 

Por Juan Manuel Moure
Ex Secretario de Estado De Provincias

Durante la presidencia de Raúl Alfonsín se resolvió la cesión de varios puntos de la coparticipación de la Provincia de Buenos Aires hacia provincias muy necesitadas. Estaba dirigida a socorrer estados carentes de recursos financieros y a crear a través de los mismos condiciones para emprendimientos orientados a retener la migración a los ámbitos del Gran Buenos Aires, Rosario o Córdoba.

Con el tiempo vimos que la cuestión financiera y su correlato la migratoria, no fueron atendidas con políticas de saneamiento ni de desarrollo económico y social, salvo excepciones. Las Provincias tienen que hacer uso de sus atributos de autonomía y hasta donde pueden también de una lógica autarquía, pero la Nación debe también inteligentemente integrarlas también con algún cierto monitoreo. Obvio, debe pautar para muchos años un proyecto de desarrollo equilibrado lo suficientemente consensuado con las fuerzas políticas, académicas, sociales y de la producción. Aquí la inversión juega un papel superior, fundamentalmente para absorber mano de obra que ante las crisis y las desocupaciones, estas van a estar presentes  a través de los estados provinciales expandiendo sus plantillas de personal. Inversión privada y del propio Estado, esta última dirigida a la inversión relacionada con la infraestructura, con la logística asociada a la competitividad, con obras para mejorar la calidad de vida y obvio orientadas la retención de la que hablamos anteriormente.

En este órden de ideas la cuestión del exceso de personal en el caso de  Santa Cruz, viene de mucho tiempo atrás. No con la magnitud actual, propia del populismo fuertemente emparentado a la demagogia y al facilismo.

Recuerdo que viajé a tratar un tema financiero a esa Provincia en 1988 en mi carácter de funcionario del Ministerio del Interior, y al aterrizar los periodistas me preguntaron a que venía y recuerdo haberles dicho que venía a ver uno de los deportes más interesantes de esa provincia que consistía en mi caso, en presenciar quien llegaba más rápido y primero a las sillas de la administración, para no quedar parados ante una plantilla más que numerosa que ya existía en tiempos del Gobernador Dr. Arturo Puricelli ex Ministro de Defensa en el último período del cristinismo.

Es decir, esta problemática viene de mucho tiempo atrás. Por un lado, tiene sustento humanitario imaginar la absorción de población económicamente activa en los estados provinciales, pero estos “feudos” debieran ser mucho más estudiosos y aplicados para elaborar proyectos productivos que no solo estén relacionados con la agroindustria. Volvamos a Santa Cruz, ninguna de las últimas dirigencias potenciaron las posibilidades que devienen del petróleo, el gas, la minería, la pesca, el turismo, la misma explotación ovina, incluso la generación eólica. Nadie instaló novedades para que estas explotaciones se proyectaran con más intensidad para ocupar personal antes que estos compitan por el deporte arriba mencionado.

En aquellos tiempos del Presidente Alfonsín, el ruego de las Provincias menos agraciadas para atender sus necesidades estaban diariamente presentes. En consonancia con estas necesidades en algunas regiones, caso Gran Buenos Aires, y a partir del índices de desocupación aquel período constitucional aplicó asistencia social a través de 500.000 unidades en aquel entonces de cajas PAN (hoy tenemos 8 millones y medios de planes asistenciales). Pero el drama de cada Estado Provincial transitaba entre poblaciones que requerían recursos para vivir y dirigencias que veían al incorporar la población al Estado, una rica fuente de adhesión política con la consiguiente deformación  presupuestaria. Cierto, son Estados que no cuentan con suficientes recursos propios. Necesitan de un régimen coparticipable con la Nación. Pero remarquemos que, desde la etapa de Carlos Menem los porcientos de la coparticipación de la Nación o de las Provincias no fueron debidamente respetados. En los últimos años la Nación retuvo recursos a costa de las necesidades provinciales.

En 1994 la reforma constitucional habló de la urgencia para dictar una nueva ley de coparticipación para dar certezas presupuestarias y verdad a las asignaturas, cuestión pendiente que nadie quiere abordar. Pero reconozcamos que ni con una nueva ley ni con certezas y verdades lograremos superar carencias que sólo podrán ser atendidas con inversiones, asignaciones productivas y una reforma fiscal sin ningún tipo de sesgo ideológico.

Mientras tanto se debe comenzar a transitar el sendero de una nueva ley. Llevará tiempo ponerse de acuerdo, pero hay que comenzar. El Congreso tiene sacudirse y eludir la comodidad de mirar hacia otro lado. Hay variables y formulas polinómicas que pueden ser útiles, se trata de seguir imaginando o proyectando un régimen justo y sin reproches. Algunas provincias deberán quizás resignar recursos pero será en tren de un juego armónico en donde preferentemente el presupuesto nacional deberá ajustarse, si ajustarse, eludiendo gradualmente su casi enfermizo déficit.

Aplicar el sentido común en los presupuestos provinciales tendientes al equilibrio, como en la nación. En aquel momento (83-89) sólo dos provincias San Luis y La Pampa mostraron orden exentas del facilismo político incrementando sus gastos y sus plantillas de personal.