En caso de ser aprobada, la denominada Ley Ómnibus eliminaría el Fondo Especial creado por la Ley 23.351, con el cual el Estado nacional financia a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y, a través de este organismo, a las bibliotecas populares argentinas.

El Fondo Especial se distribuye en las bibliotecas populares de esta manera: línea de financiamiento para gastos corrientes de funcionamiento (luz, gas, internet, limpieza, etc.); compra de libros; financiamiento para proyectos de promoción de la lectura y derechos ciudadanos; reformas edilicias, equipamiento y adecuación tecnológica; conservación del patrimonio cultural.
Además, el Fondo financia capacitaciones, Bibliomóviles y actividades culturales.

Representantes de las bibliotecas populares comenzaron una campaña para que estas modificaciones no sean incorporadas en la ley. Con ese objetivo, están realizando petitorios a los diputados y senadores nacionales de sus respectivas provincias y difundiendo en redes sociales la problemática que enfrentan, a través de osl hashtags #NoALaLeyOmmibus, #AlertaCultura y #Noalajustecultural

Según explicaron, el Fondo Especial está compuesto por el gravamen a los premios de los juegos de azar, es decir que no está financiado por impuestos que paga la gente.

Las bibliotecas populares son asociaciones civiles sin fines de lucro que promueven la lectura, el acceso a la información y la difusión de la cultura. Sólo las nucleadas en la CONABIP son más de 1.500, las cuales cumplen un rol social relevante en sus comunidades. 

Más de  4.000.000 de usuarios y usuarias las visitan diariamente; cuentan con 20.000.000 de libros y están sostenidas y gestionadas por el compromiso solidario de más de 30 mil voluntarios y voluntarias, y constituyen un movimiento cultural único en el mundo. Pero sin el apoyo por parte del Estado, su existencia se verá en riesgo.